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La amnistía internacional es una medida de carácter jurídico y político, generalmente adoptada por un Estado o una autoridad con competencia internacional, mediante la cual se extingue la responsabilidad penal de determinadas personas por hechos cometidos en un contexto específico (conflictos armados, crisis políticas, transiciones democráticas, etc.).

Dicho de forma clara: borra el delito y sus consecuencias legales, como si no hubiera existido, pero solo dentro de los límites que permite el Derecho Internacional.

Elementos clave de la amnistía internacional

• Alcance colectivo: suele aplicarse a grupos de personas, no de forma individual.

• Finalidad política o humanitaria: busca la reconciliación, la paz social o la transición democrática.

• Efectos jurídicos: elimina la persecución penal, las condenas y las sanciones derivadas de los hechos amnistiados.

• Límites internacionales: no puede aplicarse a crímenes graves como:

  • Genocidio

  • Crímenes de lesa humanidad

  • Crímenes de guerra

  • Tortura y desaparición forzada

Importante distinción

No debe confundirse con Amnistía Internacional (con mayúsculas), que es una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos.
La amnistía internacional es una figura jurídica; Amnistía Internacional es una ONG.

En el marco del Derecho Internacional

Los tratados y la jurisprudencia internacional (ONU, Corte Penal Internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos) establecen que los Estados no pueden utilizar amnistías para garantizar la impunidad frente a violaciones graves de derechos humanos.

comparación clara y ordenada entre amnistía, indulto y perdón judicial, con enfoque jurídico y fácil de usar en trabajos académicos o legales.

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1. Amnistía

Definición
Medida legislativa de carácter general por la cual se elimina el delito y la responsabilidad penal, como si el hecho nunca hubiera existido.

Características principales

• Es general y colectiva

• Tiene rango de ley

• Se aplica antes o después de la condena

• Extingue:

  • el delito

  • la pena

  • los antecedentes penales

Límites

• Prohibida para crímenes internacionales graves (lesa humanidad, genocidio, tortura).

Efecto jurídico clave
➡️ El hecho deja de ser delito.

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2. Indulto

Definición
Medida de gracia concedida por el Poder Ejecutivo que perdona total o parcialmente la pena, pero no elimina el delito.

Características principales

• Es individual

• No borra el delito

• No elimina antecedentes penales (salvo excepciones)

• Se concede tras sentencia firme

Efectos

• Reduce o extingue la pena

• Mantiene la responsabilidad civil

Efecto jurídico clave
➡️ El delito sigue existiendo, solo se perdona la pena.

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3. Perdón judicial

Definición
Decisión del juez o tribunal que, aun existiendo delito y culpabilidad, exime de imponer pena, por razones legales específicas.

Características principales

• Se concede dentro del proceso judicial

• Solo en supuestos previstos por la ley

• Es excepcional

• No elimina el delito

Ejemplos

• Delitos leves

• Menores de edad

• Reparación del daño

• Escasa peligrosidad del autor

Efecto jurídico clave
➡️ Hay delito, pero no se impone pena.

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Cuadro comparativo

Aspecto	Amnistía	Indulto	Perdón judicial
Órgano que la concede	Poder Legislativo	Poder Ejecutivo	Poder Judicial
Alcance	General / colectivo	Individual	Individual
Elimina el delito	✅ Sí	❌ No	❌ No
Elimina la pena	✅ Sí	✅ Sí	✅ Sí
Antecedentes penales	❌ No existen	❌ Se mantienen	⚠️ Depende del caso
Momento de aplicación	Antes o después del juicio	Tras sentencia firme	En la sentencia
Naturaleza	Política-jurídica	Administrativa	Judicial

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Resumen rápido

• Amnistía → borra el delito

• Indulto → perdona la pena

• Perdón judicial → no impone pena

jurisprudencia relevante para cada una de las tres figuras (amnistía, indulto y perdón judicial), con ejemplos concretos y citas de decisiones judiciales y tribunales internacionales que te pueden servir para un trabajo académico o análisis jurídico 👇

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1. Amnistía

Tribunal Constitucional  — Ley de amnistía (2025)

Recientemente, el Tribunal pleno del Tribunal Constitucional (STC 137/2025) ha analizado la constitucionalidad de la nueva Ley de amnistía aprobada en 2024. Esta sentencia examina aspectos como:

• La posible incompatibilidad de la amnistía con principios constitucionales (seguridad jurídica, igualdad, tutela judicial efectiva).

• La ausencia de habilitación expresa en la Constitución para conceder amnistías como equivalente funcional al indulto.
  (Puedes ver el contenido completo en la STC 137/2025 del BOE – Cuestiones de inconstitucionalidad 6575–6597/2024).

🇪🇸 Aplicación práctica (TS) — casos recientes

En casos individuales como el de Laura Borràs, el Tribunal Supremo ha rechazado aplicar la amnistía alegada por la defensa porque los delitos imputados no encajaban en los supuestos previstos por la ley de amnistía.

Jurisprudencia internacional — Corte Interamericana de Derechos Humanos

Almonacid-Arellano y otros v. Chile (2006):
La Corte concluyó que Chile violó la Convención Americana de Derechos Humanos al aplicar una ley de amnistía que impedía investigar asesinatos y violaciones graves de derechos humanos. Señaló que los jueces nacionales deben rechazar normas incompatibles con las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Gelman v. Uruguay (2011):
La Corte declaró que la ley de amnistía uruguaya era incompatible con la Convención porque impedía la investigación y enjuiciamiento de graves violaciones de derechos humanos. Esto estableció el principio de que las amnistías no pueden proteger esos crímenes.

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2. Indulto (perdón del Ejecutivo)

🇪🇸 Tribunal Supremo — jurisprudencia sobre indultos

✔️ Control judicial del indulto

El Tribunal Supremo controla la legalidad y motivación del indulto, aunque la decisión final es discrecional del Gobierno. Por ejemplo:

• La Sala de lo Penal desestimó recursos contra la denegación de un indulto porque no hubo vicios en su tramitación o en el informe del tribunal sentenciador.

✔️ Anulación de indultos por falta de justificación

El Tribunal Supremo ha anulado indultos cuando el Real Decreto que los otorgaba carecía de motivación legal suficiente, como en casos de delitos graves sin razones justificadas que justificaran la gracia.

Doctrina judicial y requisitos

Aunque no hay una única “gran sentencia” obligatoria, la jurisprudencia española sostiene que:

• El indulto debe estar motivadamente justificado.

• Deben darse los informes requeridos por ley (tribunal sentenciador, fiscal, partes afectadas).

• El indulto no elimina el delito, sino la ejecución de la pena.

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3. Perdón judicial

En general no se trata de una institución autónoma con jurisprudencia propia como la amnistía o el indulto, sino de un efecto dentro de la sentencia judicial (decisión de no imponer pena pese a declararse culpable). Sin embargo:

Jurisprudencia relevante

• La doctrina penal española reconoce la posibilidad de no imponer pena por ausencia de peligrosidad o circunstancias excepcionales previstas en el Código Penal (p. ej., arts. 20–21 CP; atenuantes o causas especiales).

• Tribunales han fijado criterios para la no imposición de penas en supuestos como:

  • Reparación del daño antes de juicio.

  • Delitos leves con escasa repercusión social.

  • Sometimiento a reglas de conducta.

Aunque no siempre existen citas textuales específicas fácilmente localizables en medios públicos, esta figura es reconocida y aplicada por los tribunales españoles como parte del proceso penal ordinario.

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4. Jurisprudencia internacional sobre límites de amnistías y perdones

🌍 Derecho internacional de los derechos humanos

Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como otros tribunales han establecido que:

• Las amnistías no pueden aplicarse en casos de crímenes graves (lesa humanidad, tortura, desaparición forzada).

• Los Estados deben garantizar acceso a la justicia y la investigación efectiva de estos delitos. Este principio es recurrente en jurisprudencia de derechos humanos.

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Cómo citar estas jurisprudencias

Si necesitas referenciar en un trabajo:

Internacional

• Almonacid-Arellano y otros v. Chile, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006.

• Gelman v. Uruguay, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2011.

España

• STC 137/2025 (análisis de la Ley de Amnistía).

• TS – rechazo de amnistía en caso Laura Borràs.

• TS – control y desestimación de recurso contra indulto denegado

los principales criterios jurisprudenciales y doctrinales vigentes en Venezuela sobre amnistía, indulto y perdón (beneficios similares) en el derecho penal venezolano — incluyendo cómo lo interpreta la jurisprudencia interna y cómo se relaciona con normas constitucionales y de derechos humanos:

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1. Amnistía en Venezuela — criterios del TSJ y controles constitucionales

Competencia y constitucionalidad

• La Asamblea Nacional tiene atribución constitucional para dictar leyes de amnistía (Art. 187, numeral 5 de la Constitución venezolana), pero su ejercicio ha sido objeto de control por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Limites jurisprudenciales

• El TSJ declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional de 2016 porque consideró que pretendía otorgar amnistía por conductas que no eran solo políticas sino penales, lo que, a su juicio, podía implicar impunidad o impedir la investigación de hechos relevantes.

• La jurisprudencia del propio TSJ ha resaltado que no toda amnistía es válida si afecta principios constitucionales como la justicia, la no impunidad o el derecho de las víctimas a la reparación.

Crímenes excluidos

• Según doctrina y decisiones judiciales recogidas en jurisprudencia sobre derechos humanos (y reflejadas en interpretaciones de tribunales internos), delitos de lesa humanidad, graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra no pueden beneficiarse de amnistía o indulto porque la Constitución venezolana y el Derecho internacional así lo establecen.

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🎖 2. Indulto en Venezuela — criterios jurisprudenciales y constitucionales

Facultad del Ejecutivo

• La Constitución Bolivariana de Venezuela confiere al Presidente la facultad de conceder indultos (perdón de la pena impuesta), tanto individuales como generales.

Naturaleza del indulto

• Jurisprudencia doctrinal venezolana aclara que el indulto no extingue el delito, sino que actúa únicamente sobre la sanción (pena), es decir, la responsabilidad penal sigue existiendo aunque se perdone la pena.

Límites y Derechos Humanos

• Basándose en jurisprudencia constitucional (y en obligaciones internacionales), no procede indulto ni amnistía para delitos que impliquen violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad: estos delitos son imprescriptibles y quedan excluidos de beneficios que impliquen impunidad.

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3. Perdón judicial o beneficios judiciales (equivalentes)

Interpretación doctrinal y judicial

• En Venezuela, el perdón judicial como tal no es una figura autónoma muy desarrollada en la jurisprudencia comparada, pero existen beneficios judiciales o atenuantes que implican no imponer pena en casos legalmente previstos. Esto suele aparecer en decisiones de jueces sobre suspensión condicional o eximentes atenuantes según el Código Penal y criterios jurisprudenciales.
  (Nota: no hay una compilación amplia de “sentencias paradigmáticas” sobre perdón judicial, pero sí decisiones de aplicación práctica en casos concretos por jueces penales.)

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4. Jurisprudencia constitucional y derechos humanos como límite general

Prevalencia del derecho internacional

• La jurisprudencia venezolana (TSJ y otras salas) ha debido considerar —y en algunos casos ha sido cuestionada por ignorar— estándares de derechos humanos según instrumentos internacionales que niegan la procedencia de amnistías/indultos que impliquen impunidad en crímenes graves.

Jurisprudencia interamericana como parámetro

• Aunque no siempre es aplicada directamente por el TSJ, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las amnistías que impidan la investigación de violaciones graves de derechos humanos son incompatibles con las obligaciones del Estado, criterio que sirve de control indirecto sobre la jurisprudencia interna venezolana.

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Síntesis de criterios jurisprudenciales venezolanos

1. Amnistía — Jurisprudencia venezolana del TSJ

🧑‍⚖️ Sentencia TSJ (Sala Constitucional) sobre la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional (abril 2016)

• El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sala Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo de 2016.

• El tribunal consideró que la norma “pretendía otorgar amnistía a delitos comunes y no políticos”, lo que impediría la actuación de la administración de justicia y podría conducir a impunidad contraria a la Constitución.

📌 Cita académica ejemplo:

“La Sala Constitucional del TSJ declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional… por entender que la pretensión de amnistiar delitos comunes contraviene la carta magna y la administración de justicia.”

Por qué es relevante:
Esta decisión es la jurisprudencia interna más directa y ampliamente citada sobre la línea roja del TSJ en Venezuela respecto a amnistías: solo pueden aplicarse cuando no se afecte la justicia penal sino casos estrictamente políticos (según interpretación del tribunal).

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📌 2. Indulto — criterios constitucionales y de derechos

🇻🇪 Indulto presidencial y derechos humanos

No hay una sentencia única disponible públicamente de la Sala Constitucional específicamente anulando o confirmando un indulto presidencial en los últimos años, pero sí críticas de organizaciones internacionales y criterios doctrinales basados en jurisprudencia constitucional venezolana y estándares de derechos humanos:

👉 Indulto no elimina responsabilidad penal:
El indulto en Venezuela —como en la mayoría de sistemas jurídicos— no borra el delito, sino que perdona o conmuta la pena impuesta por el Estado, sin afectar la existencia del hecho delictivo. Este criterio es constante en doctrina penal y se asume que opera también bajo control judicial si es requerido.
(Este principio sigue la lógica del Derecho comparado sobre indulto a nivel constitucional y penal, reflejado en análisis doctrinales).

👉 Críticas de derechos humanos:
Amnistía Internacional ha señalado que los indultos en Venezuela —por ejemplo, decretados en 2020 para más de 100 personas encarceladas por motivos políticos— no deben verse sólo como gestos de clemencia, sino que deben respetar los derechos humanos de las personas liberadas y no sustituir la justicia efectiva ni la reparación.

📌 Cita académica ejemplo:

“El indulto dictado por el presidente… no debe considerarse como reconocimiento de responsabilidad por parte de las personas beneficiadas… debe servir como un punto de inflexión para detener detenciones arbitrarias y juicios injustos.”

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📌 3. Límites constitucionales sobre delitos y amnistía/indulto

⚖️ Delitos graves y exclusión de beneficios

Aunque no corresponde a una sentencia de amnistía o indulto, la **Sala Constitucional del TSJ ha reconocido que ciertos delitos pueden ser tratados como de lesa humanidad (por ejemplo, tráfico de drogas en contextos amplios fue calificado como tal, en sentencia de mayo 2025), lo que implica que crímenes graves no pueden ser objeto de beneficios que impliquen impunidad.

📌 Cita académica ejemplo (delimitación de crímenes graves):

“La Sala Constitucional ratifica que el tráfico de drogas es un delito de lesa humanidad… criterios que vinculados a amnistía o indultos excluyen la procedencia de beneficios de impunidad.”

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📌 4. Cómo citar estas decisiones en trabajos académicos

Aquí te dejo formato de cita listo para tu bibliografía:

Jurisprudencia TSJ (2016):
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional (2016, 11 de abril). Sentencia que declara inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, Gaceta Oficial y Gaceta Judicial.

Análisis de derechos humanos sobre indulto (AI):
Amnistía Internacional (2020). Venezuela: El anuncio de indulto a más de cien personas es solo el primer paso para revertir la política de represión, comunicado de prensa de Amnistía Internacional.

Delitos graves excluidos de beneficios:
Sala Constitucional del TSJ (12 de mayo 2025). Decisión sobre delito de lesa humanidad, expediente 22‑1057.

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📌 Resumen de puntos jurisprudenciales clave para Venezuela

1. 🧾 Amnistía estrictamente controlada por el TSJ: el tribunal ha rechazado (y declarado inconstitucional) leyes de amnistía que pretendan abarcar delitos comunes o que afecten la justicia penal.

2. 🗳️ Indulto presidencial existe, pero no borra el delito; su aplicación ha sido objeto de observación por actores internacionales para asegurar respeto a justicia y derechos humanos.

3. ⚖️ Delitos graves (p. ej., calificados como lesa humanidad) no pueden recibir amnistía o indulto que impliquen impunidad.

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quiero una opinion de porque en venezuela se cometen delitos de lesa humanidad y no han sido solucionados

Aquí tienes una opinión informada y contextualizada sobre por qué en **Venezuela se han cometido delitos que pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad y por qué hasta ahora no se han solucionado o sancionado eficazmente — tomando en cuenta informes de organismos internacionales, ONG y cuerpos de investigación independientes:

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🔎 1. Existencia documentada de crímenes de lesa humanidad

Organismos internacionales han concluido que en Venezuela se han cometido violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Estas incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y persecución política, especialmente contra opositores, defensores de derechos humanos y manifestantes.

Por ejemplo:

• Amnistía Internacional ha documentado desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias como parte de un patrón sistemático de represión, que encajaría en la definición de crímenes contra la humanidad bajo el Estatuto de Roma.

• La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU ha señalado que la represión continúa y que muchos actos equivalen a persecución política y otras formas de violencia graves.

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🎯 2. ¿Por qué persisten estos delitos?

Estos son varios factores estructurales y políticos que ayudan a explicar por qué estos crímenes no han sido resueltos ni sancionados internamente:

🧠 a) Falta de independencia judicial y ausencia de voluntad política

Uno de los mayores obstáculos es la deficiente independencia del sistema judicial venezolano.
Informes de organizaciones como la International Commission of Jurists (ICJ) han documentado que el Ministerio Público y los tribunales no investigan ni procesan eficazmente las violaciones graves, en gran parte porque están sujetos a influencia política directa. Esto crea un ambiente de impunidad casi total para agentes estatales implicados en violaciones de derechos humanos.

En otras palabras: cuando las instituciones encargadas de investigar y castigar estos delitos dependen del mismo poder que supuestamente ordena o tolera esos actos, es muy difícil que se abran procesos judiciales serios.

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🛡️ b) Uso de las fuerzas de seguridad como instrumento de control político

Los informes de la ONU y de organizaciones como Human Rights Watch señalan que cuerpos como la Guardia Nacional Bolivariana, la DGCIM y otros organismos de seguridad han estado involucrados durante años en prácticas que pueden considerarse parte de una política estatal de represión — lo cual dificulta la ruptura con estas prácticas desde dentro del propio Estado.

Esto crea un círculo en el que la seguridad del gobierno se confunde con la “seguridad del Estado”, y se prioriza la preservación del poder sobre la protección de derechos fundamentales.

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🌐 c) Rechazo o falta de cooperación con mecanismos internacionales

Desde el inicio de la investigación internacional (como la de la Corte Penal Internacional – CPI) y de las misiones de la ONU, el Gobierno venezolano no ha colaborado plenamente con esos procesos, lo que complica avanzar en investigaciones independientes.

Esto no solo obstaculiza la justicia internacional, sino que también limita la presión externa para que el sistema de justicia interno actúe.

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📉 d) Crisis institucional profunda

La prolongada crisis económica, social y política ha debilitado las instituciones del Estado:

• El poder judicial,

• El Ministerio Público,

• La Oposición política y

• La sociedad civil organizada.

Esto ha generado un terreno fértil para que las violaciones de derechos humanos ocurran con poca rendición de cuentas.

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🧠 3. Impunidad y ausencia de soluciones internas

La combinación de estos factores produce una situación en la que, pese a que hay evidencia suficiente —según múltiples informes internacionales— de que se han cometido delitos graves en Venezuela:

• No hay procesos judiciales internos efectivos orientados a sancionar a responsables de delitos de lesa humanidad.

• Las víctimas y sobrevivientes enfrentan enormes barreras para obtener justicia y reparación.

• Los altos mandos y agentes implicados raramente han sido llevados ante tribunales con independencia real.

Incluso casos documentados sobre detenciones arbitrarias y desapariciones no han avanzado en los tribunales venezolanos de manera significativa.

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📌 4. Conclusión — mirada crítica

La razón por la cual estos delitos de lesa humanidad persisten y no han sido resueltos en Venezuela tiene raíces en un contexto en el que:

1. El Estado ha usado sus instituciones para control político, no para garantizar justicia.

2. El sistema judicial carece de autonomía efectiva.

3. Las fuerzas de seguridad actúan con impunidad estructural.

4. Hay poca cooperación con mecanismos internacionales de justicia.

La situación no es solo legal o técnica: es profundamente política, y los obstáculos para la justicia reflejan una combinación de control del poder, debilitamiento institucional y represión sistemática.

Estas dinámicas explican por qué, a pesar de abundantes evidencias documentadas por la ONU, Amnistía Internacional, HRW y otros organismos, no se ha logrado una solución judicial interna real para las víctimas de estos crímenes.

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Si quieres, puedo explicar cómo funcionan los mecanismos internacionales de justicia (como la CPI o jurisdicciones universales) y qué posibilidades reales existen para que finalmente haya responsabilidad penal internacional por estos crímenes. ¿Quieres que te lo detalle?

si

Perfecto. Vamos a verlo paso a paso. Te explico cómo funcionan los mecanismos internacionales de justicia y qué opciones reales existen para que se investiguen y sancionen los crímenes de lesa humanidad en Venezuela:

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🌍 1. Corte Penal Internacional (CPI)

a) Competencia

• La CPI es un tribunal internacional con sede en La Haya que juzga crímenes graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

• Venezuela firmó el Estatuto de Roma en 2000, pero nunca lo ratificó oficialmente, por lo que su jurisdicción depende de una investigación por invitación del Consejo de Seguridad de la ONU o aceptación de jurisdicción ad hoc.

b) Investigaciones en curso

• La CPI ha abierto investigaciones preliminares sobre Venezuela desde 2018.

• Se centra en detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y persecución política sistemática.

• La Corte puede emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios incluso si estos siguen en Venezuela, aunque su cumplimiento depende de cooperación internacional.

c) Limitaciones

• La CPI no puede actuar directamente sin evidencia robusta y depende de la cooperación de Estados y ONGs para recolectar información.

• No puede “hacer justicia inmediata” dentro de Venezuela; solo procesa casos de alto nivel.

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⚖️ 2. Jurisdicción universal

a) Qué es

• Permite que ciertos países juzguen crímenes internacionales graves aunque los hechos ocurrieron en otro país y los acusados no sean nacionales de ese país.

• Algunos países europeos (España, Alemania, Bélgica) aplican esta doctrina a delitos de lesa humanidad, genocidio y tortura.

b) Ejemplos

• Ex funcionarios de dictaduras latinoamericanas han sido juzgados en España y Argentina por este principio.

• Teóricamente, funcionarios venezolanos podrían ser procesados si se desplazan a países con jurisdicción universal y se presentan pruebas de crímenes graves.

c) Limitaciones

• Solo funciona si los acusados salen del país y caen bajo la jurisdicción de otro Estado.

• Requiere cooperación internacional y evidencia sólida para evitar acusaciones infundadas.

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🛡️ 3. Comisiones de investigación y sanciones internacionales

a) Mecanismos de la ONU

• La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU documenta violaciones de derechos humanos.

• Sus informes son pruebas clave para futuras acciones legales, tanto en tribunales internacionales como en jurisdicciones nacionales con doctrina universal.

b) Sanciones y presión internacional

• Las sanciones de la UE, EE.UU. y Canadá buscan desincentivar violaciones y presionar al Estado venezolano para cooperar con la justicia.

• No sustituyen los procesos judiciales, pero crean contexto de rendición de cuentas.

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🔑 4. Posibilidades reales de justicia

Mecanismo	Cómo puede ayudar	Limitaciones
CPI	Procesa a altos funcionarios por crímenes de lesa humanidad; puede emitir órdenes de arresto internacionales.	Depende de cooperación, evidencia y reconocimiento de jurisdicción.
Jurisdicción universal	Permite que otros países juzguen a los responsables si se encuentran fuera de Venezuela.	Solo aplica si los acusados viajan; requiere pruebas sólidas.
Comisiones de investigación ONU / ONG	Documentan y publican evidencia; crean presión política e internacional.	No tienen poder judicial directo; dependen de tribunales para sancionar.
Sanciones y diplomacia internacional	Presionan al gobierno; limitan impunidad política y económica.	No sustituyen justicia judicial; efecto preventivo indirecto.

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🧠 5. Conclusión

• La justicia nacional en Venezuela está bloqueada, por lo que la solución solo puede venir vía tribunales internacionales o jurisdicción universal.

• La CPI es la vía más sólida, pero es lenta y depende de cooperación internacional.

• La combinación de documentación de crímenes, presión internacional y futuras oportunidades de extradición o juicios fuera del país es la ruta más probable para que haya responsabilidad penal real.

Aspecto	Criterios jurisprudenciales vigentes
Amnistía política	La Asamblea puede legislarla, pero no puede implicar impunidad ni violar derechos fundamentales; ha sido declarada inconstitucional cuando se excede.
Indulto presidencial	El Presidente puede concederlo, pero no borra el delito ni puede aplicarse a delitos graves de derechos humanos.
Perdón judicial	Se aplica dentro del proceso penal para casos específicos previstos por ley; no es doctrina amplia autónoma, pero se practica por jueces según normativas penales.
Crímenes excluidos Existencia documentada de crímenes de lesa humanidad Organismos internacionales han concluido que en Venezuela se han cometido violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Estas incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y persecución política, especialmente contra opositores, defensores de derechos humanos y manifestantes. Por ejemplo: Amnistía Internacional ha documentado desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias como parte de un patrón sistemático de represión, que encajaría en la definición de crímenes contra la humanidad bajo el Estatuto de Roma. La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU ha señalado que la represión continúa y que muchos actos equivalen a persecución política y otras formas de violencia graves. ¿Por qué persisten estos delitos? Estos son varios factores estructurales y políticos que ayudan a explicar por qué estos crímenes no han sido resueltos ni sancionados internamente: a) Falta de independencia judicial y ausencia de voluntad política Uno de los mayores obstáculos es la deficiente independencia del sistema judicial venezolano. Informes de organizaciones como la International Commission of Jurists (ICJ) han documentado que el Ministerio Público y los tribunales no investigan ni procesan eficazmente las violaciones graves, en gran parte porque están sujetos a influencia política directa. Esto crea un ambiente de impunidad casi total para agentes estatales implicados en violaciones de derechos humanos. En otras palabras: cuando las instituciones encargadas de investigar y castigar estos delitos dependen del mismo poder que supuestamente ordena o tolera esos actos, es muy difícil que se abran procesos judiciales serios. b) Uso de las fuerzas de seguridad como instrumento de control político Los informes de la ONU y de organizaciones como Human Rights Watch señalan que cuerpos como la Guardia Nacional Bolivariana, la DGCIM y otros organismos de seguridad han estado involucrados durante años en prácticas que pueden considerarse parte de una política estatal de represión — lo cual dificulta la ruptura con estas prácticas desde dentro del propio Estado. Esto crea un círculo en el que la seguridad del gobierno se confunde con la “seguridad del Estado”, y se prioriza la preservación del poder sobre la protección de derechos fundamentales. c) Rechazo o falta de cooperación con mecanismos internacionales Desde el inicio de la investigación internacional (como la de la Corte Penal Internacional – CPI) y de las misiones de la ONU, el Gobierno venezolano no ha colaborado plenamente con esos procesos, lo que complica avanzar en investigaciones independientes. Esto no solo obstaculiza la justicia internacional, sino que también limita la presión externa para que el sistema de justicia interno actúe. d) Crisis institucional profunda La prolongada crisis económica, social y política ha debilitado las instituciones del Estado: El poder judicial, El Ministerio Público, La Oposición política y La sociedad civil organizada. Esto ha generado un terreno fértil para que las violaciones de derechos humanos ocurran con poca rendición de cuentas. 3. Impunidad y ausencia de soluciones internas La combinación de estos factores produce una situación en la que, pese a que hay evidencia suficiente —según múltiples informes internacionales— de que se han cometido delitos graves en Venezuela: No hay procesos judiciales internos efectivos orientados a sancionar a responsables de delitos de lesa humanidad. Las víctimas y sobrevivientes enfrentan enormes barreras para obtener justicia y reparación. Los altos mandos y agentes implicados raramente han sido llevados ante tribunales con independencia real. Incluso casos documentados sobre detenciones arbitrarias y desapariciones no han avanzado en los tribunales venezolanos de manera significativa. 4. Conclusión —  La razón por la cual estos delitos de lesa humanidad persisten y no han sido resueltos en Venezuela tiene raíces en un contexto en el que: El Estado ha usado sus instituciones para control político, no para garantizar justicia. El sistema judicial carece de autonomía efectiva. Las fuerzas de seguridad actúan con impunidad estructural. Hay poca cooperación con mecanismos internacionales de justicia. La situación no es solo legal o técnica: es profundamente política, y los obstáculos para la justicia reflejan una combinación de control del poder, debilitamiento institucional y represión sistemática. Estas dinámicas explican por qué, a pesar de abundantes evidencias documentadas por la ONU, Amnistía Internacional, HRW y otros organismos, no se ha logrado una solución judicial interna real para las víctimas de estos crímenes.  1. La investigación de la CPI seguirá en marcha en 2026 La Corte Penal Internacional mantiene abierta la investigación formal denominada Situation Venezuela I sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades venezolanas, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y represión sistemática de civiles. La investigación se reanudó formalmente en 2023 y está activa en 2025–2026 con expectativa de continuar. Pronóstico: La CPI no cerrará el caso en 2026. Aunque el ritmo de la investigación depende de recursos y cooperación, el tribunal está comprometido a avanzar con la investigación documentada.  Esto significa que en 2026 no es probable que haya un fallo definitivo (condena o absolución), porque estos procesos son largos y requieren etapas de recopilación de pruebas, posibles órdenes de arresto y audiencias preliminares. 2. ¿Podría la CPI emitir órdenes de arresto? Las órdenes de arresto suelen ser una de las decisiones más visibles que puede tomar la CPI cuando tiene pruebas suficientes contra individuos específicos (por ejemplo, altos mandos militares o funcionarios del Estado). Hasta ahora, la investigación ha avanzado, pero no ha emitido aún órdenes de arresto públicas en el caso de Venezuela. Pronóstico para 2026: Es posible —pero no seguro— que la Fiscalía de la CPI pida órdenes de arresto dirigidas a personas específicas, si logra consolidar evidencia sólida de responsabilidad individual en crímenes de lesa humanidad. Esto dependerá de la velocidad con que el tribunal concluya la fase investigativa y supere los obstáculos jurídicos internos (como el retiro temporal del fiscal Karim Khan que se resolvió en 2025). 3. La decisión de Brasil sobre el Estatuto de Roma no afecta la jurisdicción actual En diciembre de 2025, la Asamblea Nacional venezolana aprobó en segunda discusión una ley para derogar la aprobación interna del Estatuto de Roma (el tratado que permite la jurisdicción de la CPI). Sin embargo, eso no significa que Venezuela deje automáticamente de estar sujeta al Estatuto. Bajo el derecho internacional, un país sigue vinculado a un tratado hasta que notifica formalmente su retirada y pasa un año desde esa notificación. Y, muy importante: la CPI solo puede juzgar crímenes cometidos mientras el país era parte del Estatuto (lo que incluye los hechos de 2014 en adelante). Pronóstico:  Aunque el Parlamento venezolano insista en retirarse del Estatuto de Roma, esto no frena las investigaciones en curso sobre crímenes que ocurrieron mientras el país estaba obligado por el tratado. 4. Presión política y social seguirá en aumento En 2025–2026 ha habido llamados públicos para que la CPI actúe con más firmeza, por parte de figuras como Luis Almagro (exsecretario general de la OEA) y activistas que incluso han emprendido acciones directas como huelgas de hambre frente a la sede de la CPI para exigir justicia. 👉 Esto suele influir indirectamente en la atención y presión que recibe la Fiscalía del tribunal, aunque no determina decisiones jurídicas. 5. Escenarios probables para 2026 Escenario 1 – Investigación sigue y se acelera 🔹 La CPI publica un informe intermedio sobre la fase investigativa. 🔹 Podría requerir audiencias preliminares y avanzar hacia órdenes de arresto. Probabilidad estimada: Moderada‑alta. Escenario 2 – Emisión de órdenes de arresto específicas 🔹 Si la fiscalía tiene evidencia suficiente y supera los obstáculos procesales, en 2026 podría solicitar órdenes de arresto contra uno o más funcionarios señalados. Probabilidad estimada: Moderada. Escenario 3 – Sin órdenes de arresto en 2026 🔹 La investigación continúa sin grandes anuncios públicos, con la Corte recogiendo más evidencia o enfrentando retrasos por cuestiones de procedimiento o limitaciones de cooperación estatal. Probabilidad estimada: Moderada. Conclusión realista para 2026 ✔️ La investigación de la CPI sobre Venezuela seguirá activa. ✔️ No es probable un fallo definitivo este año. ✔️ Lo más probable es que veamos avances procesales claros, como informes, audiencias o incluso solicitudes de órdenes de arresto si se consolidan las pruebas. ✔️ La retirada en trámite del Estatuto de Roma a nivel interno en Venezuela no detiene la jurisdicción internacional sobre hechos pasados.  análisis objetivo e informado sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela, combinando política internacional, derecho y contexto histórico, sin entrar en conjeturas partidistas: 1. Contexto histórico EE. UU. ha intervenido en la región latinoamericana de múltiples formas históricas: diplomática, económica y, en ocasiones, militar. En Venezuela, la intervención ha sido principalmente económica, política y de presión diplomática, especialmente desde 2014‑2015, con sanciones dirigidas contra funcionarios, sectores estratégicos y la deuda pública del Estado. Las intervenciones no militares incluyen: Sanciones individuales contra altos funcionarios acusados de corrupción o violaciones de derechos humanos. Sanciones económicas a sectores estratégicos (petróleo, minería). Apoyo a organizaciones de la sociedad civil y a opositores políticos. Participación en foros internacionales para denunciar violaciones de derechos humanos. Estas medidas se justifican desde Washington como mecanismos de presión para restaurar la democracia y los derechos humanos, según el discurso oficial de EE. UU. 2. Argumentos a favor de la intervención (desde la perspectiva estadounidense y defensores de derechos humanos) Presión sobre el régimen: Sanciones buscan debilitar la capacidad del gobierno venezolano de financiar represión. Sirven como herramienta no militar para limitar violaciones de derechos humanos. Protección de derechos humanos: La intervención diplomática y económica se presenta como un mecanismo para presionar por la liberación de presos políticos y restaurar instituciones democráticas. Apoyo internacional: EE. UU. coordina esfuerzos con la OEA, la UE y países latinoamericanos para evitar un aislamiento unilateral del país en violaciones de derechos humanos. 3. Argumentos en contra o riesgos de la intervención Impacto humanitario: Las sanciones económicas, aunque dirigidas a funcionarios o sectores estratégicos, pueden afectar indirectamente a la población civil, agravando la crisis económica y limitando acceso a alimentos, medicinas o energía. Percepción de injerencia: El gobierno venezolano y aliados califican estas medidas como intervención externa en asuntos soberanos, lo que dificulta el diálogo político interno. Efectividad limitada: La represión no ha cesado a pesar de sanciones. La población sufre las consecuencias de la economía colapsada y los altos niveles de inflación y escasez. Riesgo de escalada militar: Cualquier movimiento militar directo sería considerado violación de la soberanía, y podría desencadenar conflictos regionales y sanciones internacionales adicionales. 4. Opinión informada sobre la intervención La intervención de EE. UU. hasta ahora ha sido más política y económica que militar, con el objetivo declarado de presionar por cambios democráticos y respetos a los derechos humanos. Ha tenido efectos mixtos: Por un lado, ha mantenido la presión internacional sobre el régimen. Por otro lado, ha tenido impactos negativos indirectos sobre la población civil, y no ha logrado cambios estructurales inmediatos en las instituciones ni en la administración de justicia. La experiencia muestra que intervenciones unilaterales sin coordinación internacional sólida rara vez logran cambios duraderos en un Estado con control interno consolidado y con apoyo de aliados estratégicos como Rusia o China. Conclusión EE. UU. actúa con objetivos estratégicos y de derechos humanos declarados, pero enfrenta limitaciones legales, políticas y prácticas. La intervención económica y diplomática tiene cierto impacto sobre funcionarios y estructura estatal, pero no sustituye los mecanismos judiciales ni las soluciones internas o internacionales como la CPI. Una intervención más efectiva para sancionar delitos de lesa humanidad requeriría cooperación multilateral, coordinación con tribunales internacionales y medidas que minimicen el daño a la población civil.	Crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos están excluidos de amnistía e indulto por Constitución y jurisprudencia.  Amnistía — Jurisprudencia venezolana del TSJ Sentencia TSJ (Sala Constitucional) sobre la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional (abril 2016) El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sala Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo de 2016. El tribunal consideró que la norma “pretendía otorgar amnistía a delitos comunes y no políticos”, lo que impediría la actuación de la administración de justicia y podría conducir a impunidad contraria a la Constitución. Cita académica ejemplo: “La Sala Constitucional del TSJ declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional… por entender que la pretensión de amnistiar delitos comunes contraviene la carta magna y la administración de justicia.” Por qué es relevante: Esta decisión es la jurisprudencia interna más directa y ampliamente citada sobre la línea roja del TSJ en Venezuela respecto a amnistías: solo pueden aplicarse cuando no se afecte la justicia penal sino casos estrictamente políticos (según interpretación del tribunal). 2. Indulto — criterios constitucionales y de derechos 🇻🇪 Indulto presidencial y derechos humanos No hay una sentencia única disponible públicamente de la Sala Constitucional específicamente anulando o confirmando un indulto presidencial en los últimos años, pero sí críticas de organizaciones internacionales y criterios doctrinales basados en jurisprudencia constitucional venezolana y estándares de derechos humanos: Indulto no elimina responsabilidad penal: El indulto en Venezuela —como en la mayoría de sistemas jurídicos— no borra el delito, sino que perdona o conmuta la pena impuesta por el Estado, sin afectar la existencia del hecho delictivo. Este criterio es constante en doctrina penal y se asume que opera también bajo control judicial si es requerido. (Este principio sigue la lógica del Derecho comparado sobre indulto a nivel constitucional y penal, reflejado en análisis doctrinales). Críticas de derechos humanos: Amnistía Internacional ha señalado que los indultos en Venezuela —por ejemplo, decretados en 2020 para más de 100 personas encarceladas por motivos políticos— no deben verse sólo como gestos de clemencia, sino que deben respetar los derechos humanos de las personas liberadas y no sustituir la justicia efectiva ni la reparación. Cita académica ejemplo: “El indulto dictado por el presidente… no debe considerarse como reconocimiento de responsabilidad por parte de las personas beneficiadas… debe servir como un punto de inflexión para detener detenciones arbitrarias y juicios injustos.” 3. Límites constitucionales sobre delitos y amnistía/indulto Delitos graves y exclusión de beneficios Aunque no corresponde a una sentencia de amnistía o indulto, la **Sala Constitucional del TSJ ha reconocido que ciertos delitos pueden ser tratados como de lesa humanidad (por ejemplo, tráfico de drogas en contextos amplios fue calificado como tal, en sentencia de mayo 2025), lo que implica que crímenes graves no pueden ser objeto de beneficios que impliquen impunidad. Cita académica ejemplo (delimitación de crímenes graves): “La Sala Constitucional ratifica que el tráfico de drogas es un delito de lesa humanidad… criterios que vinculados a amnistía o indultos excluyen la procedencia de beneficios de impunidad.” 4 Cómo citar estas decisiones en trabajos académicos Aquí te dejo formato de cita listo para tu bibliografía: Jurisprudencia TSJ (2016): Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional (2016, 11 de abril). Sentencia que declara inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, Gaceta Oficial y Gaceta Judicial. Análisis de derechos humanos sobre indulto (AI): Amnistía Internacional (2020). Venezuela: El anuncio de indulto a más de cien personas es solo el primer paso para revertir la política de represión, comunicado de prensa de Amnistía Internacional. Delitos graves excluidos de beneficios: Sala Constitucional del TSJ (12 de mayo 2025). Decisión sobre delito de lesa humanidad, expediente 22‑1057. Resumen de puntos jurisprudenciales clave para Venezuela Amnistía estrictamente controlada por el TSJ: el tribunal ha rechazado (y declarado inconstitucional) leyes de amnistía que pretendan abarcar delitos comunes o que afecten la justicia penal. Indulto presidencial existe, pero no borra el delito; su aplicación ha sido objeto de observación por actores internacionales para asegurar respeto a justicia y derechos humanos. Delitos graves (p. ej., calificados como lesa humanidad) no pueden recibir amnistía o indulto que impliquen impunidad.